Rodrigo Samavarti Landgrave Tellez
Introducción
En este ensayo explicare el significado del “principio de legalidad” el cual, se encuentra relacionado con la legitimidad, que es el reconocimiento de los integrantes de un Estado al orden jurídico vigente, es decir, su sometimiento a la norma. Ligada estrechamente al sentido de justicia y al reconocimiento de la autoridad a quién se le reconoce dicha facultad. La legalidad es entonces, todo lo que se realice dentro del marco de la ley escrita y que tenga como consecuencia supuesta el respeto por las pautas de vida y coexistencia de una sociedad.[1] El hombre no puede vivir sin la existencia de una autoridad que controle sus actividades puesto que, la sociedad se vería continuamente en un caos interminable y en la concentración del poder en unos cuantos hombres ocasionando que, quién ejerza dicho poder obtenga ventajas particulares, no se guiara por la ley, si no por su voluntad, ambiciones, venganzas ó apetencias.
La legalidad es el principio fundamental al cual, todo ejercicio que emane del poder público debe estar sometido al marco jurídico que establece la ley por lo tanto, los funcionarios públicos deben acatarse a dichas normas y no sobrepasar el principio de la “supremacía constitucional” el cual, establece que todo poder o autoridad se encuentra regido por lo que establece la Constitución, no puede limitar o extender su poder, debe hacer lo que específicamente está constituido[2], el problema que existe actualmente en nuestra sociedad mexicana es la falta de aplicación de las normas, existiendo una cantidad interminable de lagunas en donde, los funcionarios públicos de alto nivel gozan de una inmunidad “extraordinaria” en la cual, difícilmente será sometidos a una sanción por parte de alguna autoridad competente. La falta de aplicación de las normas y del buen funcionamiento por parte de nuestras autoridades han sido y serán siendo un tema que se seguirá discutiendo a lo largo de varios años en nuestra sociedad mexicana.
¿Pero qué es el Principio de Legalidad?
La legalidad es un atributo y un requisito del poder. Un poder legal es un poder que nace y se ejerce de acuerdo con las leyes. Lo contrario del poder legal es el poder arbitrario, ejercido al arbitrio del gobernante, basado en su voluntad y juicio personal sobre las situaciones. La legalidad y la legitimidad son conceptos que se encuentran íntimamente relacionados con la soberanía. La legalidad se encuentra en el mundo del deber ser, es decir, las normas escritas del derecho positivo, que aplican para la formación y el ejercicio del Derecho Público. Y la legitimidad es lo que valida el ejercicio de la norma. La legalidad es la vigencia de un orden jurídico que funciona como conductor de la actividad del Estado, permitiendo con ello, ser un Estado de Derecho.
La legitimidad surge del reconocimiento de la conciencia colectiva al orden jurídico vigente, como lo expresa el maestro Burgoa:
La legitimidad, en sentido amplio, denota una cualidad contraria a lo falso o a lo espurio; y aplicada esta idea a la Constitución, resulta que esta es legítima cuando no proviene del usurpador del poder constituyente, y que puede ser un autócrata o un cuerpo oligárquico. Fácilmente se advierte que la legitimidad de la Constitución y de su creador depende, a su vez, de que sea reconocido por la conciencia colectiva de los gobernados, como ente en que se deposita la potestad constituyente en forma genuina.[3]
Dando a entender que existe legitimidad, cuando existe un cumplimiento a los fines que la sociedad considera como buenos. Una norma es justa si la población considera mayoritariamente que se atiene a los objetivos colectivos de esa misma sociedad, e injusta si ocurre lo contrario, con independencia de si la considera válida o no.
La democracia es lo primordial para que pueda existir la legalidad, pues no hay democracia posible sin respeto a la legalidad. La convivencia y el respeto dentro de una sociedad es lo que genera una organización para que, cada uno de sus miembros tomen decisiones ya sea directamente o indirectamente, con la finalidad de llegar a un mismo fin y creando así, una convivencia social donde cada miembro es libre e igual y a su vez, dando origen a la tradición del “buen gobierno” en donde, Antonio Camou comenta que, deben existir las siguientes condiciones para el establecimiento del”buen gobierno”:
Desde una perspectiva distinta, las condiciones de gobernabilidad se han vinculado a una más lejana tradición del pensamiento político: la tradición de la justicia y de la legitimidad a un ordenamiento político social, la tradición del respeto a los derechos humanos y de la obligación gubernamental de proveer el bienestar general, en suma, la tradición del buen gobierno.[4]
El “buen gobierno” es una forma de asegurar la democracia dentro de una nación siempre y cuando, esté se encuentre conformado por un marco jurídico legal y justo que vele por los derechos humanos de cada individuo que conforma nuestra sociedad y a su vez, pueda satisfacer las demandas que estos llegan a exigir, cumpliéndolas de una manera eficaz y eficiente, reflejando un grado de responsabilidad y sensibilidad por parte de las necesidades que exigen los ciudadanos.
La legitimidad en los funcionarios públicos
Un funcionario público es aquella persona que representa los intereses de la colectividad, consultando permanentemente la disposición del bien común, y teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las necesidades generales de todos los ciudadanos. Desgraciadamente México vive un problema grave de corrupción en cuanto al tema de servidores públicos debido a que, la corrupción no es solo un problema de leyes, pues intervienen elementos sociales, económicos, políticos, culturales y morales que deben ser atacados, en donde, Antonio Camou hace una observación acerca de algunos elementos que llegan a realizar los funcionarios públicos, los cuales no se cuadran a un ordenamiento jurídico lícito; estableciendo lo siguiente:
El manejo ineficaz de los asuntos económicos, la incapacidad o la desatención para responder a elementales necesidades sociales, las tensiones institucionales en el interior de los poderes de la democracia, la irrupción de la violencia (ya sea social y desorganizada, con base en estructurados movimientos rebeldes, o animada por los poderes invisibles del crimen organizado), y la erosión de la legitimidad democrática, debido a episodios reiterados y manifiestos de corrupción política y enriquecimiento ilícito de funcionarios gubernamentales han sido algunos factores típicos que provocaron situaciones de “ingobernabilidad”[5] [...]
La ingobernabilidad es la deficiencia por parte del gobierno, la desobediencia al orden establecido, existiendo una incapacidad de resolver las demandas sociales y por lo tanto, un descontento por parte de la sociedad. La gestión pública es uno de los elementos importantes para establecer el “buen gobierno” siendo está, la que debe buscar la reconversión hacía el logro de la eficacia, la eficiencia, la calidad, la honestidad, la modernidad de los procesos y la moralidad de sus servidores públicos; buscando siempre atacar de frente la corrupción entre los mismos.
Uno de los principales problemas que existe dentro de la cultura mexicana es que, se dejan guiar por el poder carismático que llegan a tener los funcionarios públicos y realmente no llegan a indagar los beneficios que estos les puedan proporcionar, en donde, de acuerdo a Weber el poder carismático es:
“…La cualidad, que pasa por extraordinaria (condicionada mágicamente en su origen, lo mismo si se trata de profetas que de hechiceros, árbitros, jefes de cacería o caudillos militares), de una personalidad, por cuya virtud se la considera en posesión de fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas, o por lo menos específicamente extracotidianas y no asequibles a cualquier otro, o como enviados del dios, o como ejemplar y, en consecuencia, como jefe, caudillo, guía o líder. (…) En su forma genuina la dominación carismática es de carácter específicamente extraordinario y fuera de lo cotidiano, representando una relación rigurosamente personal, unida a la validez carismática de cualidades personales y a su corroboración[6].
El carisma está basado en atributos propios de la personalidad, ocasionando que muchos individuos se sientan identificados plenamente con las ideas, fuerza, poder o inclusive belleza por parte de su “líder”. Por ello suele describirse al líder carismático como un ser “extraordinario” casi como un dios debido a que, genera un magnetismo y a su vez, reconocimiento por parte de sus seguidores. Este reconocimiento es una entrega total e incondicional, surgida del entusiasmo y la esperanza que este líder carismático promete otorgarles, generando un contraste social por aquellos individuos que se sienten identificados y a su vez, aquellos que encuentran un cierto desprecio a la personalidad o atributos de este, debido a que, sus atributos no son convincentes o simplemente desde un aspecto más racional, sus propuestas no les benefician en ningún sentido, pero ¿Qué sucede en la sociedad mexicana?, ¿Por qué muchas veces los funcionarios públicos no reciben la sanción que merecen?, ¿Por qué los ciudadanos no hacen nada para evitar esto? Muchos ciudadanos están cansados de la corrupción y de que se violente el Estado de Derecho, así como de que sus derechos humanos no sean respetados por los servidores públicos, y únicamente se quejan de la situación y no proceden a la denuncia o quejas formales por temor a represalias o simplemente por la pérdida de tiempo para nulos resultados.
Dentro del sistema jurídico vigente de responsabilidades resulta obvio que, uno de los principales problemas que existe en México, es la difícil aplicación de las sanciones a los servidores públicos corruptos, esto es, debido al mismo fenómeno de la corrupción, ya que no se aplican las leyes a todos por igual, principalmente a los altos funcionarios, puesto que en ocasiones se convierten en juez y parte, lo que no genera justicia ni equidad. Por otra parte las sanciones, algunas veces son insuficientes para modificar la práctica dentro de las instituciones, ocasionando que el servidor público vuelva a incurrir a un acto ilícito puesto que, nunca obtendrá la punibilidad que se merece.
Para finalizar creo que existen grandes carencias y contradicciones, provocando que se violente en algunos casos el Estado de Derecho y fortaleciendo la impunidad a quienes violentan la norma administrativa para que, se mantenga sin sanción en sus faltas; por ello debemos de buscar que nuestro régimen legal de responsabilidades se mejore y se fortalezca para otorgar mayor certidumbre a los gobernados a través de la figura de seguridad jurídica puesto que, finalmente el culpable de que sucedan todos estos acontecimientos y el sujeto pasivo del delito es en ocasiones la ciudadanía.
Fuentes Consultadas
1.- Burgoa, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. Veinteava edición. México, Editorial Porrúa, 2010, 1094 pp.
2.- Camou, Antonio. Gobernabilidad y democracia. Cuadernos del IFE, México, 1995, 156 pp.
3.- Diccionario Jurídico Mexicano (4 tomos). México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001, 3272 pp
4.- Weber, Marx. Economía y Sociedad. Traducido del alemán por José Medina Echavarría, Juan Roura Parella, Eugenio Ímaz, Eduardo García Maynez y José Ferrater Mora. Treceava reimpresión. México, Fondo de Cultura Económica, 1999, 1195 pp.
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